Predicando en la Asamblea de Madrid

Esta pájara se paseó por la Asamblea de Madrid, llevada por Podemos, para presionar a la comunidad en la estrategia de la Izda para que se crea a "la víctima", o sea a la mujer y así facilitar que el padre desaparezca de la vida de los hijos, por lo civil o por lo penal.

Este es el diario de sesiones donde pueden leer la verborrea feminazi de la Izquierda en la Asamblea de Madrid, en boca de esa criminal de género.

A continuación hacemos un estracto, por supuesto habla de la Alienación Parental, de la que es una artista, y del Consejo General del Poder Judicial, colaborador necesario en este y otros crímenes de género, al publicar guías con criterios judiciales, lo que tiene prohibido constitucionalmente, para que el tipo de crímenes perpetrado por esta pájara, puedan perpetrarse con éxito.

Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid

Número 334

5 de diciembre de 2016

X Legislatura

COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

PRESIDENCIA

Ilmo. Sr. D. Daniel Álvarez Cabo

Sesión celebrada el lunes 5 de diciembre de 2016

ORDEN DEL DÍA

2.- C-551/2016 RGEP.4806. Comparecencia de la Sra. D.ª María Sevilla Sánchez, Presidenta de la Asociación Infancia Libre, a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre propuestas para la prevención, atención e intervención en materia de abuso sexual infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea).

Aparte de la primera traba que he comentado, la segunda es el contexto de una familia en crisis como barrera para la credibilidad, y esto es algo que tiene que ver mucho con la violencia de género. La mayor parte del abuso sexual se produce en el ámbito familiar y esto dificulta mucho su capacidad de expresión también por parte de los menores en estos casos. Hay, según Save the Children, constantemente en el ámbito judicial una presunción de que una denuncia de abusos sexuales o maltrato de un niño o una niña, interpretada en un contexto de crisis matrimonial, puede ser un instrumento utilizado por los progenitores, en este caso fundamentalmente por las madres, en el contexto en el que hay un divorcio o trámites de separación. Es decir, que se considera constantemente que es un arma arrojadiza por parte de las madres y, sin embargo, en los casos que investiga Save the Children todos ellos han sido archivados y se utiliza por parte de la justicia el hecho de que consideren que hay un intento de utilización por parte de las madres. En todos esos casos las denuncias son posteriores a la existencia de informes médicos o psicológicos que hablan de que puede haber abusos sexuales. En todos esos casos son los propios centros hospitalarios los que ponen en marcha el proceso y en todos esos casos las madres siguen cumpliendo las entregas fijadas por el régimen de visitas hasta que existen evidencias de que hay un abuso sexual tan importante como para que las madres no cumplan con el régimen de visitas. Sin embargo, hay un patrón en todos los casos investigados por Save the Children que dice que todos los padres reaccionan ante la denuncia pidiendo en el Juzgado de Familia una ampliación del régimen de visitas y la guarda o custodia después. Esto es realmente lo que sucede y no lo que parece que sucede y lo que se utiliza contra las madres que denuncian abusos sexuales.

En tercer lugar, el síndrome de alienación parental, que aunque muchísimas organizaciones internacionales y organizaciones del ámbito de la infancia y también de la violencia de género han dicho que no se debe utilizar por parte de los jueces, sigue siendo utilizado constantemente el síndrome de alienación parental.

En cuarto lugar, la falta de atención al contexto de violencia de género. En la mayoría de los casos analizados por Save the Children la madre presentó denuncias por violencia de género siendo presuntas agresiones el motivo principal de la ruptura matrimonial de hecho, y esto no se tiene en cuenta cuando se está hablando del abuso sexual infantil.

Las conclusiones de los informes son que hay deficiencias en la determinación del interés superior del menor; que hay una falta de especialización de los profesionales que intervienen en estas situaciones y que necesitamos una justicia adaptada precisamente a la realidad y a las necesidades de los niños y las niñas especializada; que hay retrasos injustificados en los procedimientos judiciales; que hay obstáculos en el inicio o impulso del proceso penal por parte de las personas ajenas a la Administración de Justicia; que hay falta de diligencia en la obtención del testimonio de niños y niñas; que hay falta de diligencia en el impulso del proceso penal y la investigación del delito; que hay falta de diligencia en protección de niños y niñas y que hay falta de formación como decía, por parte de magistrados, jueces o profesionales en este ámbito.

Por tanto, los casos a los que hacía referencia creo que son algo que va más allá de tres casos concretos, es una realidad que numerosas organizaciones internacionales, en este caso Save the Children, que tiene la legitimidad más que ganada, están hablando de que hay un problema enorme en esta sociedad con el abuso sexual infantil. Esto en lo que tiene que ver con la justicia. Entiendo que no me queda mucho tiempo...

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto.

La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Creo que, como decía el señor Reyero, hay una parte que sí que tiene capacidad la Comunidad de Madrid de intervenir, que es en lo que tiene que ver con los equipos psicosociales, que precisamente esos informes se hagan atendiendo a esta realidad y que se hagan con conocimiento de lo que es el abuso sexual infantil, y, en segundo lugar, el CIASI, que ya hemos hablado varias veces del CIASI aquí, que es el recurso de la Comunidad de Madrid para el abuso sexual infantil. Yo, aparte de las denuncias que hacía anteriormente María, quería decir que obviamente también hay problemas con el contrato, por lo menos cuestionamiento sobre el contrato que ha realizado la Comunidad de Madrid con Trama, como ha dicho anteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que hay una falta de recursos evidente, por eso hay listas de espera que dejan en situación de vulnerabilidad a los niños y las niñas.

En tercer lugar -lo hemos dicho varias veces desde nuestro Grupo Parlamentario-, pensamos que un recurso para luchar contra el abuso sexual infantil que exige o que pide la firma tanto del padre como de la madre, cuando hay una posible situación de vulneración de los derechos de los niños, en este caso por un presunto abusador que es el padre, pues es algo que no responde a la realidad de la situación de un abuso sexual infantil. Por tanto, creemos que debe haber un recurso que no exija la firma de ambos progenitores para intervenir sino que solamente pueda necesitar la de la madre en este caso. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camíns. A continuación, para finalizar, tiene la palabra la señora Sevilla por un tiempo de diez minutos.

La Sra. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN INFANCIA LIBRE (Sevilla Sánchez): En primer lugar, voy a contestar muy rápidamente alguna de las preguntas o cuestiones, por ejemplo, al Grupo de Ciudadanos. Nosotros estamos especializados en abuso intrafamiliar, porque cuando se produce un abuso fuera del entorno familiar, para ese niño o esa niña, salir de esa situación de abuso es mucho más sencillo; pero cuando se produce en el ámbito intrafamiliar, no sale de ahí y es mucho más complejo. En eso es en lo que nosotros solicitamos que haya más especialización, porque si un niño verbaliza que un profesor o cualquier persona de su entorno que no es familia le ha provocado un abuso sexual, retirar a ese niño de esa situación de abuso es mucho más sencillo, porque sus padres pueden coger al niño o a la niña y sacarle de esa situación. Pero cuando es uno de los progenitores, casi siempre el papá, porque es así lo que nosotros podemos decirle al ser el número que tenemos, es mucho más complicado porque es su padre quien produce esa situación de abuso.

En cuanto a las propuestas, naturalmente, en el sistema judicial, somos conocedores de que la Comunidad de Madrid no puede intervenir en cuanto a Justicia, jueces y fiscales, pero sí a equipos psicosociales. Ya lo ha mencionado antes el Grupo Socialista, efectivamente, en el caso del equipo psicosocial que exploró a María, la niña que salió en “El País”, dijo que su relato era increíble. Nosotros, en la asociación, ya les he dicho, tenemos más de 130 casos y en la Comunidad de Madrid, más de 80 casos. Tenemos más casos que han sido valorados y explorados por ese equipo psicosocial en concreto, y en esos casos también ha dicho que eran inciertos. Lo que queremos saber es si verdaderamente el relato era increíble o si es que este equipo psicosocial carece de competencia o si tiene posibilidades para poder explorar, porque como no tienen especialización en atención a menores, pues creemos que no están especializados y que luego pasan esas cosas que pasan cuando no hay especialización.

Voy a ir directamente a las propuestas, porque creo que no voy a tener mucho más tiempo. En cuanto a los equipos psicosociales, es necesario que estén preparados para poder atender a niños menores. Los niños cuentan las cosas de forma diferente a los adultos, y necesitan personas preparadas y cualificadas para poder preguntarles; si no, la respuesta no será la adecuada. Y no es que no se puede continuar con un procedimiento de instrucción, es que las preguntas no son acertadas y no se saben abordar. Entonces se puede decir que un relato es increíble, como ha pasado con María, y no es que sea increíble, es que sencillamente no tenía capacidad para descifrar.

Sin embargo, y esta es otra de las cosas que hay que modificar con los equipos psicosociales, en Justicia, en cualquier otro tipo de procedimiento, cuando se aportan pruebas de parte el juez siempre las valora. En los casos de los menores que nosotros tenemos en la asociación hay más de una sentencia de la Audiencia que dice que habiendo un informe del equipo psicosocial el resto de informes carece de validez. Bueno, pues yo les digo que en muchos de nuestros casos, porque el equipo de nuestra asociación no es solo de familiares afectados, tenemos jueces en excedencia, tenemos psiquiatras expertos, psiquiatras que han hecho uno de los informes del Consejo General del Poder Judicial respecto al SAP, y que colaboran con nosotros en la asociación. Y de esos psiquiatras, que efectivamente eran de parte porque no había otra posibilidad ya que solamente el juez te manda dónde tienes que ir -al equipo psicosocial-, sí decían que había sufrido abuso sexual. Es más, en muchos de los casos que están archivados, los psiquiatras de la Seguridad Social están diciendo que existen abusos sexuales y no hay procedimientos abiertos, no se han reaperturado y los niños siguen siendo obligados a tener contacto con sus agresores, y estos son casos reales. O sea, Salud Mental está informando de que estos niños sí han sufrido abuso sexual y les siguen obligando.

(Se levanta la sesión a las doce horas y cincuenta y siete minutos).

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